sábado, 4 de septiembre de 2010

La batalla de la conversión al judaísmo

Por Pere Bonnin.
Los judíos no son una raza ni exclusivamente una religión, sino un pueblo o nación que se rige por una constitución -los Diez Mandamientos-, de la cual se deriva la ley judía (halakha). De un pueblo o nación se puede entrar y salir -de una raza no-, por lo que el judaísmo admite la conversión o nacionalización.
En tiempos modernos ha habido conversiones significativas, como las de los 300 alemanes descendentes de nazis que viven en Israel, entre ellos Katrin Himmler, resobrina del comandante de las SS Heinrich Himmler, casada con un israelí; Oscar Ada, miembro de la Luftwaffe, casado con una superviviente del Holocausto; Mathias Göring, resobrino de Hermann Göring; Beate Neumann, hija del mayor de las SS Bruno Sattler; Monika Goeth, hija del comandante del KZ de Plaszow, y el Dr. Daniel Brown, resobrino de Adolf Hitler.
A raíz de publicar mi libro Sangre judía. Españoles de ascendencia hebrea y antisemitismo cristiano, muchas personas me preguntaban cómo pueden convertirse al judaísmo. De las Islas Baleares hay unas cuantas, también de Catalunya. Una menorquina residente en Barcelona hizo la conversión ortodoxa en Israel conjuntamente con su marido, médico del hospital de Sant Pau.
Por otra parte, unos 300.000 no judíos -según la halakha- viven en Israel, la mayoría procedente de la antigua Unión Soviética. A pesar de ser ciudadanos israelíes, no se pueden casar en Israel ni tener funerales judíos después de muertos. Muchos se han convertido, pero los Haredim (ultraortodoxos) que dominan el alto Rabinato no reconocen la conversión, que incluso ha sido anulada por el Bet Din o tribunal rabínico.
Para resolver el problema, Ariel Sharon, siendo primer ministro, contrató docenas de jueces rabínicos del movimiento sionista religioso bajo la dirección de los rabinos en cabeza Haim Druckman y Salomó Amar, sefardí y principal autoridad. Los rabinos ultraortodoxos serían marginados del proceso de conversión, pero consiguieron poner palos a las ruedas rehusando registrar matrimonios de conversos alegando que los cónyuges no eran bastante observantes. El año 2008 se produjo el incidente más grave, cuando el Tribunal Rabínico de Apelaciones anuló retroactivamente las conversiones aprobadas por los tribunales de Druckman. Desde entonces, reina la inseguridad jurídica por las conversiones de los rabinos gubernamentales.
El diputado David Rotem presentó un proyecto de ley que ofrece facilidades para la conversión ortodoxa, permitiendo a los rabinos municipales formar tribunales de conversión, incluso con jurisdicción fuera del municipio. La ley incrementaría la autoridad del alto Rabinato, que nombraría los jueces de las conversiones. También dificultaría la revocación de las conversiones. Rotem asume que el alto Rabinato estaría integrado no solos por Haredim, sino también por rabinos sionistas y ortodoxos modernos. Por contra, los Haredim esperan ejercer presión sobre los jueces municipales para que sean más rigurosos.
El proyecto de ley ha sembrado la alarma en el judaísmo conservador y reformador, difundido mayoritariamente en la diáspora, porque por primera vez una ley israelí concedería al alto Rabinato autoridad plena sobre la conversión, poder del que no goza. Los rabinos reformadores y conservadores se oponen a que en las conversiones sólo sean reconocidas si el converso "acepta la Torá y los mandamientos de acuerdo con la halakha". Esta estipulación sin precedentes excluye todas las comunidades del judaísmo conservador y reformador, como la sefardí de Shearit Israel de Nueva York, la más antigua de los Estados Unidos, que admitió el retorno del compañero Miquel Segura, descendente de judíos conversos mallorquines, sin seguir el procedimiento de la conversión.
El proyecto de ley es contrario al retorno de los “anusim" (conversos forzados al cristianismo), que tendrán que seguir el proceso de conversión pese a ser discriminados -en el caso de Mallorca- como juetes o juetons, que es como es preciso escribirlo en catalán, ya que son palabras derivadas de judío, que los inquisidores escribían con ch para reproducir el sonido de la j catalana, inexistente en castellano.
Las comunidades judías de los Estados Unidos, con el soporte de algunos senadores, la Agencia Judía Mundial y el judaísmo conservador y reformador rechazan esta ley restrictiva y excluyendo. Por ello, la votación en el Kneset (asamblea) ha sido aplazada durante seis meses a fin de entablar un diálogo entre las partes interesadas y encontrar una solución.

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